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Ley de Fitosanitarios - El desafío de buscar un equilibrio racional entre producción y medio ambiente

Nos encontramos en el marco de un necesario debate sobre la reforma a la Ley 11.273 de Productos Fitosanitarios. A más de 10 años de su sanción, creemos ineludible la discusión para obtener una nueva ley que responda a las necesidades de la población a la vez que contenga las intervenciones necesarias para cumplir con su objeto principal: ??la protección de la salud humana, de los recursos naturales y de la producción agrícola, a través de la correcta y racional utilización de productos fitosanitarios?? (Artículo 1)
Conocidas son las diversas posiciones encontradas por la aplicación de agroquímicos y los efectos sobre la salud de la población. El tema es tan complejo como aristas tiene: el desafío es encontrar el equilibrio que permita el respeto por el derecho al medio ambiente sano y el derecho a producir que tiene la agricultura familiar.

Creemos necesario encontrar puntos de consenso, que permitan llegar a la mejor reforma normativa, para que no solamente se cumpla la letra de la ley, sino que se articulen todos los esfuerzos, públicos y privados, para obtener una agenda social y política que promueva un desarrollo rural más sustentable.

Si bien todos tienen mucho que aportar, hay algunos parámetros que han marcado precedente y que debemos tener en cuenta Las posturas de la justicia y la opinión de especialistas permiten revisar los esquemas normativos, así como la obligación de las Comunas y Municipios de adecuarse a la ley.

En este sentido, hemos presentado un pedido de informes para conocer las líneas divisorias, estrategias y proyectos o programas que las Comunas y Municipios tengan sobre las áreas libres de agroquímicos. Un mapeo de lo existente nos permitirá contar con datos precisos de cada lugar, además de reivindicar la importancia de los Gobiernos locales en la articulación de intereses, en el control y en la definición de las políticas territoriales.

En el mismo sentido, es importante recoger, en la historia agraria reciente, el combo de políticas y medidas desacertadas que han direccionado la opción por la soja como única alternativa de producción ya que consideramos que el debate no debe resumirse ahí.

La falta de políticas que incentiven a las actividades que nuestro suelo permite desarrollar, las intervenciones inadecuadas del Gobierno Nacional en ciertos productos agropecuarios, la carencia de previsibilidad y seguridad jurídica para la toma de decisiones, la falta de financiamiento adecuado para el agregado de valor, la fuerte presión fiscal que soportan los pequeños y medianos productores, entre otros aspectos, marcan el arrastre de ciertos problemas que están siendo denunciados desde la perspectiva ambiental y social.

El actual modelo de desarrollo productivo, extensivo y concentrado es un excelente negocio para pocas manos. Por ello, planteamos la necesidad urgente de la planificación en el uso del suelo ya que no sólo la monoculturización de la agricultura está minando nuestros esquemas agroalimentarios: podemos agregar el cierre de tambos, la disminución del stock ganadero, la profundización de la concentración económica, el desmejoramiento de la fertilidad de los campos, entre otros.

La decisión política de superar las 160 millones de toneladas en los próximos 10 años propuestas por el Plan Estratégico Agroalimentario y Agroindustrial (PEA), donde no se establece de qué manera, ni con qué actores, es un factor más que demandará mayor explotación de recursos naturales y agricultura extensiva empeorando las consecuencias ya mencionadas.

Creemos que hay que defender y mejorar el vínculo entre la producción y el ambiente. Que hay que garantizar el control y la regulación en el uso y manejo de agroquímicos. Que el Estado debe financiar y desarrollar las investigaciones necesarias para encontrar esquemas más sostenibles. Que los actores involucrados deben intervenir, participar y encontrarse en proyectos comunes que los identifiquen y reproduzcan la cultura del lugar.

En definitiva, creemos que la nueva ley debe recuperar la planificación territorial, con inclusión social, garantizando los derechos de todos. Es necesario que no se limite únicamente a un mejor manejo de agroquímicos, sino que permita ir encontrando la mejor estrategia para obtener crecimiento económico, equilibrio territorial y seguridad alimentaria.

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