La clara falta de políticas en defensa de los derechos de los ciudadanos y ciudadanas en el territorio de la provincia durante 24 años es, precisamente, inmoral.
sociedad santafesina
observa con satisfacción y tranquilidad, por estos días, hechos paradigmáticos
como la sanción al ex juez Víctor Brusa por violaciones a los derechos humanos,
la rectificación del fallo en el caso Fraticelli, o la anulación de la
jubilación de privilegio mal otorgada al ex juez de la Corte Rodolfo Vigo.
Causas que no habían sido resueltas, poniendo al desnudo situaciones de
connivencia entre la mala política y los distintos niveles del Estado.
Hay todavía cuestiones básicas
de la sociedad que quedan por saldar, pero es innegable que la Justicia y la
calidad institucional en materia de control de los actos de la administración
pública avanzan en la provincia de Santa Fe, donde hoy el Poder Ejecutivo ya no
designa arbitrariamente a los magistrados y a los integrantes del Tribunal de
Cuentas.
A tal fin, se establecieron
mecanismos para que las mujeres y hombres más idóneos y comprometidos con la
democracia accedan a esos cargos a través de concursos públicos de oposición y
antecedentes. En ese mismo sentido, se estableció un sistema de selección para
el ingreso a la Administración Pública y se restablecieron los concursos para
la carrera administrativa, con acuerdo de los gremios.
De este modo se está poniendo
freno a la inmoralidad y a la impunidad en nuestras tierras. No sólo por la
acción de un gobierno en particular, sino también por un mayor nivel de madurez
y conciencia ciudadana y de las instituciones de la sociedad civil, que se
manifestó oportunamente, por ejemplo, para reclamar la anulación de la absurda
ley de lemas, que permitió, durante tantos años, burlar la voluntad de las mayorías
en nuestra provincia.
La clara falta de políticas en defensa de los derechos de los ciudadanos
y ciudadanas en el territorio de la provincia durante 24 años es, precisamente,
inmoral.
>> La educación pública
sin proyecto, con edificios destruidos, con escasos bancos para dar respuestas
a las crecientes necesidades, obligó al gobierno del Frente Progresista a crear
186 escuelas nuevas para cumplir con la obligatoriedad de la escolaridad
secundaria dispuesta por la ley nacional; además de la titularización de 10.000
maestros, que en algunos casos llevaban más de 20 años sin poder concursar.
>> Ciudadanos obligados
a mendigar el derecho a la salud en largas esperas para resolver necesidades
sanitarias básicas, en hospitales sin proyecto de crecimiento estratégico que
se convirtieron en inhabitables edificios con paredes húmedas y descascaradas,
con trabajadores en gran parte desmotivados por la impresión de que ya nada se
podía cambiar. Esto también es
inmoralidad.
Para subsanar esta situación,
el gobierno de Hermes Binner puso en marcha una profunda reestructuración del
sistema público de salud, que contempla la construcción y equipamiento de ocho
nuevos hospitales y 80 nuevos centros de atención primaria de la salud en toda
la provincia. Esta política de acceso
universal e igualitario a la salud ya consiguió, entre otros logros, la
disminución del índice de mortalidad infantil.
>> Es inmoral que casi
la mitad de nuestra población no tenga agua potable que le permita vivir con
dignidad.
El gobierno progresista
formuló un plan para abastecer a todos los ciudadanos de la provincia, a través
de la construcción de un sistema de 12 grandes acueductos. Y mientras tanto, se
asiste a las poblaciones más perjudicadas y se proveen soluciones puntuales
para permitir el autoabastecimiento.
El senador Juan Carlos
Mercier, consciente de que los recursos son necesarios para dar respuestas a
las necesidades de nuestro pueblo, a través de la inversión social, recorta el
Presupuesto y modifica la reforma tributaria beneficiando con esto a los
sectores concentrados de las economía que “ahorran” 600 millones. ¿Esto es moral?
¿Qué moral lo llevó a definir
la privatización del banco de fomento de los santafesinos?
¿Cuál es la moral que permite
a los distintos sectores del Partido Justicialista unirse para achicar el
Presupuesto y realizar un brutal recorte de tributos, que debían aportar los
sectores de mayor capacidad contributiva de nuestra provincia para garantizar
los derechos de la mayoría?
¿Cuál es la moral que permite
al PJ sostener ideólogos que primero participaron de los gobiernos de facto en
nuestra provincia y luego ejecutaron las políticas de achicamiento del Estado
en detrimento de los derechos ciudadanos?
El proyecto de gobierno del
Frente Progresista, su propuesta de inversión social, no sólo fue votada
democráticamente en las urnas; también fue ratificada en proyectos concretos
surgidos de las Asambleas Ciudadanas masivas, realizadas en todo el territorio,
donde se consensuó un Plan Estratégico a 20 años para garantizar el
cumplimiento de los derechos de todos los santafesinos.
La convocatoria es a unirnos, no en defensa de un gobierno solamente,
sino de los derechos de la mayoría de los ciudadanos. Este gobierno, moral,
trabaja para esto.
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