La Legislatura provincial dio este jueves sanción definitiva al proyecto que autoriza al Ejecutivo a emitir títulos públicos por un total de $ 93 millones para solucionar los reclamos de más de 10 mil agentes públicos.
La provincia de Santa Fe cancelará la deuda originada hace más de 20 años con los bancarios transferidos del Banco de Santa Fe y agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario, gracias a una ley sancionada este jueves por la Legislatura provincial.
La provincia de Santa Fe cancelará la deuda originada hace más de 20 años con los bancarios transferidos del Banco de Santa Fe y agentes de la Policía y del Servicio Penitenciario, gracias a una ley sancionada este jueves por la Legislatura provincial.
Si bien el mensaje enviado originalmente por el Poder Ejecutivo había tenido media sanción en Diputados el pasado 1º de julio, el Senado con mayoría justicialista le introdujo luego modificaciones, por lo que el Frente Progresista dio ingreso a un nuevo proyecto surgido del acuerdo con las diferentes fuerzas políticas, que fue tratado sobre tablas esta tarde y girado a la Cámara de Senadores inmediatamente.
Luego de un largo debate que se dio durante un cuarto intermedio de más de una hora, finalmente llegó el consenso y la iniciativa volvió a la Cámara Baja donde obtuvo sanción definitiva.
“Estamos poniendo fin a la cuestión de fondo vinculada al caso de 9500 policías que en la práctica consiste en el reconocimiento del pago conforme a los criterios establecidos por la Cámara Contenciosa en lo Administrativo Nº1 en la causa “Agustine” que la provincia ya ha consentido. A los rubros contemplados en dicha sentencia se le adiciona un planteo aún no resuelto en sede judicial consistente en el reclamo por las diferencias generadas en el período 90/ 91”, manifestó el diputado provincial Raúl Lamberto, quien explicó los alcances de la norma.
“En el caso de los ex empleados transferidos del Banco Santa Fe SAPEM consiste en otorgarles una compensación por la mora en el escalafonamiento y por la consecuente frustración de la carrera, a lo que se suma el derecho a obtener una categoría adicional a los fines jubilatorios”,agregó el legislador.
En cuanto a la forma de pago con relación a la originalmente prevista que tratara la Cámara de Diputados, el proyecto que tuvo sanción definitiva autoriza al Ejecutivo a emitir títulos públicos por un total de 93 millones de pesos, que son escriturales, transferibles y cotizables en bolsa. Se le adicionó un porcentaje importante de cancelaciones en efectivo para el presente año del 30 por ciento del total, salvo que el reclamante se manifieste por un porcentaje menor.
La diferencia entre los 93 millones que se autoriza a emitir se cancelará en efectivo en 10 cuotas bimestrales, iguales y consecutivas con el vencimiento de la primera en enero de 2011.
Con esta iniciativa se acordaron también los plazos de amortización de los títulos públicos: los bonos serán amortizables en 16 cuotas trimestrales iguales, fijas y consecutivas a partir del mes de enero de 2011 para los ex empleados del Banco Santa Fe SAPEM y a partir del mes junio de 2011 para los reclamos vinculados con la Ley 9561, que contempla a los agentes de policía.
En el caso de estos últimos, se deroga la Ley 9561, pasándose como suma salarial los adicionales que generaron los conflictos. En este punto, Lamberto destacó que “de esta manera, se pone fin a una situación ilegítima, inconstitucional, que implicaba pagos de sumas en negro a los empleados públicos”.
Además, “se soluciona una de las consecuencias de la privatización del Banco Provincia de Santa Fe, haciéndose cargo el Estado provincial de la deuda con ex empleados originando en su pase a planta permanente, pérdida del escalafonamiento y de la carrera administrativa”, continuó.
La sanción de esta ley viene a dar solución a una deuda histórica contraída hace más de 20 años por el Estado provincial con más de 10 mil agentes públicos, por lo que el titular del bloque FPCyS-PS en Diputados, mostró su beneplácito por los consensos alcanzados.
“Al margen del posicionamiento que se tenga, y al margen de la valoración que cada uno de los bloques tenga de lo sucedido en su oportunidad, ha habido una decisión política de acompañar los acuerdos que se vinieron gestando a través de Fiscalía de Estado, destinado a terminar el conflicto de estos dos grandes grupos integrados por ex policías, y ex empleados del Banco Provincia de Santa Fe”, aseguró Lamberto durante la sesión.
“Es necesario destacar el acompañamiento de los integrantes del Frente Progresista que han entendido la necesidad de culminar con este proceso y la predisposición de los legisladores de esta cámara del Partido Justicialista, que han trabajado también al margen de una opinión distinta para buscar un proyecto común que destrabara el conflicto”, finalizó.
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