Bigand: por una tierra con productores

Lo que está sucediendo en Bigand hace que, una vez más, tengamos que expresarnos en defensa de la tierra y de los pequeños y medianos productores. Y Bigand es sólo un ejemplo: es alarmante para todos los pueblos de la región y la prioridad debe ser el arraigo para sostener la existencia de nuestras localidades.

Asistimos a un proceso de concentración de la tierra que nos ubica, como en la década del noventa, en el desplazamiento de productores auténticos por parte de grandes empresas inversoras, empujadas por los nuevos negocios inmobiliarios y agropecuarios del capital financiero.

Paralelamente, el precio de las tierras se vio incrementado en hasta un 300%, impulsado por el precio de los bienes agropecuarios o bien por usos turísticos, ambientales o para la explotación minera.

En los últimos años, el Estado Nacional y los estados provinciales fracasaron en sus políticas aisladas de desarrollo rural y han sido prácticamente inexistentes las políticas de tierra o de ordenamiento territorial.

Los marcos legales que rigen la tenencia y uso de la tierra no han sido modificados para revertir esta situación y los proyectos de ley presentados, que intentaban revertir la problemática, aún siguen esperando ser tratados. La única acción legal que pueden intentar quienes no tienen el título de propiedad, aunque sí la posesión, es la prescripción veinteañal y someterse al arbitrio de un juez.

Desde la CC-ARI hemos venido sosteniendo la necesidad de que se implementen marcos legales para:

· determinar quiénes son los dueños de la tierra;

· proceder con políticas activas desde el Estado: imposiciones fiscales, planes de inclusión social para desalentar las prácticas concentradoras privilegiando un modelo de desarrollo rural basado en la pequeña y mediana empresa agraria;

· frenar los desalojos rurales e implementar planes de regularización dominial;

· establecer las políticas públicas necesarias para la defensa de los recursos naturales y del medio ambiente.

No podemos seguir sosteniendo la especulación en el uso y tenencia de la tierra que nos está llevando a una apropiación de la misma que genera múltiples problemas de acceso para los pequeños y medianos productores e involucra a comunidades enteras.

El Gobierno no se debe desentender de la defensa del arraigo. Debemos tomar la decisión: si queremos un campo sin vida rural o una ruralidad donde la tierra constituya un espacio de soberanía.